A falta de una Ley de Protección
Animal Estatal, Aragón, como otras Comunidades, dispone desde marzo de 2003 de
una Ley que establece las normas mínimas que deberían garantizar los derechos y
el bienestar de los animales.
Aunque la Ley tiene muchas lagunas, es ambigua y establece sanciones insuficientes, el problema no está tanto en mejorarla sino en hacerla cumplir. A día de hoy todavía no se ha desarrollado el Reglamento encargado de dotarla de los recursos económicos y humanos para poder aplicarla de forma eficaz. Son los Ayuntamientos los que asumen las competencias, que desarrollan en Ordenanzas Municipales, en muchos casos, por desconocimiento, contrarias a la Ley y, cuando no, sin criterios claros, sin recursos, o sin voluntad real para aplicarla. Así por ejemplo, la mayoría de los Ayuntamientos no hacen nada por evitar la proliferación de animales abandonados en sus calles, ni elaboran censos de perros que facilitaría el control y seguimiento de su estado, como marca la ley.
En cuanto al maltrato, la Ley tipifica los casos considerados
como falta o delito y las sanciones
correspondientes. También establece la obligación de todo ciudadano a
denunciar, sin embargo pocas veces se denuncia, bien por falta de empatía, desconocimiento
o simplemente miedo. La mayoría de la
gente ni siquiera se plantea que tener encadenados a los perros en las puertas
de viviendas, cuadras o naves con
el único fin de que ladren, en recintos minúsculos de los que nunca
salen, en balcones a pleno sol ó con temperaturas
bajo 0,… o algo tan básico como darles de comer todos los días es MALTRATO y como tal debería ser denunciado.
Cuando se denuncia, la falta de
recursos humanos y económicos de los órganos encargados de velar por su
aplicación (veterinarios oficiales y SEPRONA) hace prácticamente imposible que la denuncia
prospere y en el caso que se consiga, la ambigüedad y falta de concreción de
las infracciones junto con la permisividad de quienes la interpretan favorece
que las sanciones sean mínimas y en la mayoría de los casos los maltratadores
salgan impunes.
Al margen de la legislación, mejorar
las condiciones de vida de los animales y fomentar el respeto por todos los
seres vivos es, ante todo, un problema EDUCACIONAL,
aspecto que también contempla la Ley
pero que las mismas Administraciones vulneran y legitiman al permitir
espectáculos públicos con animales que, baja la falsa apariencia de tradición y/o
cultura, enmascaran la crueldad y el maltrato.
Ante este panorama, el papel de la
asociaciones y protectoras de animales no es nada fácil, pues para las
administraciones resultamos incomodas al denunciar y exigir que se aplique la Ley, y para gran parte de los
ciudadanos nuestras demandas se consideran desmesuradas porque ello implica el
que se cuestione las condiciones en las que tienen a sus animales y, en el
mejor de los casos, que se vean obligados a mejorarlas.
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